SANTO DOMINGO/ND.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, mostró este martes de acuerdo con la modificación del Código Procesal Penal para que las personas que sean sometidas por narcotráfico y crimen horrendo no se le otorgue garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida como medidas de coerción, tal como lo habría sugerido el doctor Marino Vinicio Castillo.
El representante del Ministerio Público dijo que hay dos casos donde la Procuraduría ha insistido y reiterado, que es en los casos de narcotráfico y en los crímenes de sangre, donde no procede la garantía económica.
Indicó que "una persona que represente un peligro inminente para la sociedad no puede estar en la calle, ya que pone en riesgo la vida suya, la de su familia y la sociedad".
En ese sentido, dijo que no estaba de acuerdo con la puesta en libertad de un empresario, a quien un juez de la instrucción le otorgó una garantía económica, a quien se le acusa de ser el propietario de un furgón con potes de cocaína líquida camuflados como shampú.
Sin embargo, expresó que el Misterio Público interpondrá un recurso de apelación, por no estar de acuerdo con el fallo.
Al ser preguntado sobre la versión de que una fiscal adjunto de Baní renunció, alegadamente porque el fiscal de esa jurisdicción Robert Lugo protege a los narcotraficantes, Jiménez Peña expresó investigará la situación, "siempre y cuando reciba la renuncia de la funcionaria".
"Esperaremos que la fiscal adjunto remita su renuncia, e inmediatamente investigaremos la situación presentada para luego ordenar una investigación al respecto", indicó.
Jiménez Peña habló en esos términos tras participar en el acto de ratificación de una firma de acuerdo entre la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría, celebrado en el auditorio de ese organismo judicial, en el Centro de Los Héroes.
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