Para Javier Cabreja, de Participación Ciudadana, los indultos del Presidente a Vivian Lubrano de Castillo y a los cuatro sentenciados por el Plan Renove, así como la actitud asumida por el Gobierno en casos como los de Anisia Risi y Ángel Locward, demuestran “que el Ministerio Público no está en disposición de desempeñar su rol en la lucha contra la corrupción y que la política está teniendo mucha incidencia a nivel de la persecución de los casos de corrupción”.
En mayo pasado la Procuraduría notificó al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que desistía de la acusación criminal contra Lockward y otras 37 personas acusadas de un supuesto fraude de más de RD$200 millones, a través del subsidio al Gas Licuado del Petróleo (GLP).
La malversación de fondos se habría producido cuando Lockward se desempeñó como Secretario de Industria y Comercio durante la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004). Pero el expulsado dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se alió al presidente Fernández, que además de beneficiarlo con el cese de la persecución, lo designó como Secretario de Estado sin Cartera y luego embajador del país en Colombia.En noviembre pasado el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, retiró la acusación contra la ex directora de Aduanas y 21 funcionarios de esa dependencia, acusados de cometer un presunto desfalco de más de RD$1,000 millones.
El fiscal argumentó que se perdieron las pruebas contra la ex funcionaria del gobierno de los 10 años (1986-1996) del fenecido Joaquín Balaguer. Ante esta posición del Ministerio Público el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito, tomó la decisión de descarga a Risi y compartes.
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