El borrador, con la marca de aprobado por el presidente Leonel Fernández, fue entregado de manera personal por el director de prensa del gobierno, el periodista Rafael Núñez, y lo habría recibido el mismo gobernador del Banco Central.
El documento plantea un acuerdo que sería firmado por el gobernador del Banco Central, por el Superintendente de Bancos y por el Procurador General de la República, en representación del Estado, y por Rosángela Pellerano Peña, hermana de Arturo, por el quebrado grupo empresarial GFN, S.A.
Una nota al borrador expresa la cuantía de las ambiciones de la familia Pellerano que, entre paréntesis, dice: “Pudiera estudiarse la posibilidad de incluir a la Superintendencia de Seguros en este apartado”.
El documento, desde el punto de vista financiero, que es igual a otras versiones sometidas en el pasado al mismo Banco Central, fue rechazado antes porque el condenado de manera definitiva por la Justicia se dedica a un ejercicio financiero y contable que borra toda la deuda asumida por el Banco Central sin aportar algo concreto.
En otras palabras, Pellerano Peña pretende que cese la persecución legal en manos de la Justicia por el expediente “grande”, que es el fraude cometido contra las autoridades monetarias y financieras. A cambio de ello dice otorgar activos (algunos existieron alguna vez) o que están en manos o pertenecen a terceros (Banco León, Superintendencia de Bancos de Panamá y de las autoridades de supervisión bancaria de Grand Cayman). En el “caso chiquito”, la demanda de depositantes, fue fallado y adquirió la cosa definitivamente juzgada, por lo cual Pellerano está preso en Najayo.
Con un discurso que busca solidarizarse con la reducción del cuasi fiscal por el Banco Central y con supuestas ganancias para el Estado, el borrador es una verdadera clase de contabilidad fraudulenta.
La deuda total de Bancrédito que es de 22 mil millones de pesos, en el borrador se reduce a 12, 552.5 millones de pesos (10,600 millones de pesos y 55 millones de dólares estadounidenses. Calcula la deuda en dólares a 35 por 1, cuando el Banco Central la emitió a 46 por 1. Tampoco calcula los intereses de ese pasivo acumulados desde su generación. Al parecer, entiende que el monto restante deben cobrarlo las autoridades a los dueños del Banco León.
En la página 5 del borrador, con mucha candidez y luego de enumerar “todos sus aportes”, dice: “Que en operaciones similares a la aquí acordada, el Banco Central ha mantenido la política de inducir la recuperación de las acreencias por medio de estímulos al deudor, ya sea en forma de plazos, tasas de interés, descuentos u otras modalidades. De acuerdo al párrafo anterior, la deuda remanente que quedaría a favor de (sic) el Banco Central ascendería a 855.3 millones de pesos. Este monto recibiría el trato de descuento por pago total de la deuda, que en este caso ascendería a apenas el 6.8% de la deuda total, cuando lo usual en estos casos es que supere el 25 %”.
Para que se entienda: luego se sumar y restar activos ficticios, Arturo Pellerano quedaría debiendo cerca 800 millones de pesos que aspira a pagar con más descuento.
Para completar su oferta, para los depositantes privados que reclaman en la Justicia la devolución de sus ahorros, Pellerano Peña propone “entregar” activos situados en Panamá y Cayman que fueron incautados por decisión de las autoridades judiciales de esos países para enfrentar reclamaciones de depositantes locales, es decir, fuera del territorio de la República Dominicana.
Entre los activos que Pellerano Peña propone “entregar” al Banco Central están pagarés que antes firmó y entregó en garantía del pasivo del Banco Central, pagarés referidos a TRICOM y a Telecable Nacional. Luego, en fecha no precisada, Pellerano sacó esos pagarés del Banco Central de manera irregular, como reposa en un expediente abierto a instancia de la propia entidad ante el entonces Departamento de Previsión de la Corrupción, pero que “no ha caminado”.
No conforme con ese esquema piramidal de pago ficticio de deudas, Pellerano recibiría el favor del Banco Central de renunciar a sus reclamaciones en Panamá y Cayman, en el país y a favor de toda la familia Pellerano, empleados, funcionarios de sus empresas y allegados.
A la vez, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos deben asumir las demandas judiciales que contra Pellerano Peña hay radicadas en Grand Cayman y Panamá.
